Uso del cannabis medicinal y del cáñamo industrial recibe aprobación final del Congreso

Noticia de Amelia Rueda

Ley que fue vetada parcialmente por el presidente Alvarado regresa a Casa Presidencial con los cambios solicitados por el Gobierno

Dos años y nueve meses después de llegar a la corriente legislativa, los diputados dieron este martes en sesión extraordinaria el segundo debate al proyecto que permite el uso del cannabis medicinal y que crea la industria del cáñamo en el país. Con una votación de 35 a favor y cuatro en contra.

Esta iniciativa de ley, que propuso la diputada independiente Zoila Volio, superó en primera instancia el tamiz de la Sala Constitucional y luego el veto parcial que le aplicó el presidente Carlos Alvarado.

Debido a que las fracciones de oposición que respaldan la propuesta no contaban con los 38 votos necesarios para resellar la ley, es decir, obviar el veto presidencial, debieron aplicar los cambios sugeridos por Casa Presidencial.

El Gobierno pidió dos modificaciones: eliminar el artículo que permitía el autocultivo del cannabis medicinal en casos de pacientes certificados, alegando que generaría un descontrol y un peligro para la salud de las personas.

Y segunda sacar del texto la siembra libre del cáñamo, para que su cultivo se haga sólo por medio de licencias, alegando aspectos de seguridad, ya que según dijo el ministro de Seguridad Michael Soto, a simple vista es imposible diferenciar una planta de marihuana de una cannabis.

El cáñamo es una planta que proviene de la planta del cannabis, como lo es también la planta de marihuana y donde cada una tiene características distintas.

Debido a que la planta del cáñamo tiene mínimas cantidades de tetrahidrocannabinol (THC), que es el principal componente psicoactivo del cannabis, se usa para procesar alimentos, fibras, cuerdas, papel, ladrillos, aceite, plástico natural, biocombustibles, pinturas, entre otros productos.

Los diputados esperan que el país geneere toda una nueva industria alrededor del cáñamo generando empleos y reactivación económica.

El proyecto incluye una moción presentada por la diputada independiente Paola Vega, que establece que el 30% de esas licencias serán reservadas para asociaciones de pequeños productores, cooperativas y pequeños emprendimientos rurales.

La legisladora insistió que esto beneficiará a las provincias y zonas más alejadas del país que con este respaldo podrán tener más presencia de mercado.

Impuesto y Zonas Francas

El proyecto aprobado establece un impuesto del 1% a las rentas obtenidas de las actividades y productos del cannabis medicinal.

Precisamente ese tributo, que fue otra propuesta de la diputada Vega, busca financiar la fiscalización y control que deben hacer las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sobre estos productos.

La iniciativa da el aval para que las empresas que se dediquen a la industrialización de cannabis con fines medicinales y terapéuticos puedan instalarse en Zonas Francas.

Según los legisladores, con esto buscan atraer inversión con este tema y bajo el régimen de beneficios que otorgan estas zonas industriales.

Cabe señalar que esas empresas disfrutarán todas las excepciones del régimen de zonas francas, pero sí deberán pagar el impuesto simbólico del 1%.

El proyecto pasa de nuevo al Poder Ejecutivo, donde el mandatario deberá firmarlo, luego de haberlo vetado de forma parcial el 27 de enero.

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